La educación es un derecho que debe ser garantizado para todas las personas, sin distinción alguna. La educación de personas jóvenes y adultas, como política del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), ha sido tema de análisis, sobre todo en el marco de ofrecer oportunidades educativas a las personas de 15 años y más que, por diversos motivos, no han logrado aprender a leer ni escribir.

Saber leer y escribir son competencias básicas que deben ser incorporadas una vez finalizado el primer ciclo de la Educación Escolar Básica, ya que se entiende que ello será puerta de entrada para la adquisición de posteriores habilidades dentro del proceso escolar. Es decir, toda la población tiene derecho al acceso, permanencia y culminación de una educación de calidad y sobre todo de una educación que haya sido oportuna dentro del desarrollo de cada individuo.  

Probablemente las personas de 15 años y más, que no saben leer y escribir, no gozaron de ese derecho por motivos de exclusiones sociales y lingüísticas y hoy se enfrentan a una realidad en la que se hace más difícil su interacción con la sociedad y con el mundo del trabajo.

La normativa educativa, ha estado bastante actualizada en nuestro país, es decir, contamos con elementos legales que aseguran el derecho a la educación y sobre todo que contemplan la educación de personas jóvenes y adultas. 

La Ley N° 5.749/2017, que establece la carta orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias menciona en su artículo 3: “El Ministerio de Educación y Ciencias es el órgano rector del sistema educativo nacional y como tal, es responsable de establecer la política educativa nacional en concordancia con los planes de desarrollo nacional, conforme lo dispone la Constitución Nacional y la Ley Nº 1264/98 "General de Educación". Así mismo, establece que el sistema educativo nacional incluye la educación de régimen general – educación formal, no formal y refleja - la educación de régimen especial y otras modalidades de atención educativa. 

En su artículo 4 refiere a la educación básica y establece los niveles educativos: a) La educación inicial; b) La educación escolar básica; c) La educación media, y d) Educación permanente de personas jóvenes y adultas.

Por otra parte, en el plan estratégico Paraguay 2020 del año 1998 ya se establece la educación general básica y desde el año 2000, la Política Pública de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, comienza a desarrollar diferentes programas que apuntan a responder a esta problemática, considerando las necesidades específicas de cada sector. La definición de una Política Pública de Educación de Personas Jóvenes y Adultas se concibe como respuesta a contextos de desigualdades para el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

“En el campo de la educación, el desafío es hacer efectiva la educación como derecho universal y gratuito a lo largo de toda la vida. La exclusión en educación es un elemento central, y abordar este aspecto, es primordial para definir estrategias para los sectores sociales a quienes el analfabetismo y el retraso escolar afectan en forma desigual” (Política pública EPJA, 2012, pág. 32)

Desde la Dirección de Educación Permanente, se han llevado adelante programas sobre todo con poblaciones vulnerables. A partir del 2000, se lleva a cabo la Reforma de la Educación de Jóvenes y Adultos, con el Programa de Educación Básica Bilingüe de Jóvenes y Adultos PRODEPA KO’E PYAHU.  Este programa cuenta con la iniciativa PRODEPA Prepara, de nivel formal, y el programa de bi-alfabetización guaraní-castellano, de nivel no formal, que busca disminuir el analfabetismo neto y se enfoca en personas que se encuentran en situación de pobreza, apuntando a desarrollar herramientas para acceder al mundo laboral. Por otra parte, el Programa Ñane Ñe´e de pos-alfabetización, de nivel no formal, busca dar respuesta a personas con analfabetismo funcional. 

Así también, se implementa la educación en centros penitenciarios, de manera a posibilitar que las personas privadas de libertad tengan la posibilidad de continuar con sus estudios accediendo a la educación universitaria o a la formación técnico-profesional.

El programa de trabajadoras domésticas remuneradas, implementado en fase piloto en los años 2012-2013, buscó que a través de la culminación de sus estudios (7mo, 8vo y 9no grado), adquieran mayores conocimientos para la mejora de condiciones laborales y posibilidades de ingresos. Esta propuesta educativa fue reconocida y aprobada en forma experimental por Resolución Nº 80/11 por la Dirección de Educación Permanente. De lo recabado en la evaluación se pudo rescatar que el programa piloto respondió a la necesidad de educación de una población específica (mujeres trabajadoras domésticas) en una modalidad posible de asistencia para ellas a través de módulos y trabajos a distancias que le permitieron mayor flexibilidad. 

Como lo enfatizan algunos autores: “La concepción de la educación de personas jóvenes y adultas como derecho humano es un punto de partida para la discusión y la puesta en marcha de políticas y programas en este campo” (Croso y Modé, citado por Zarza et al., 2013, p. 39).

Sin embargo, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (2019), son 338.350 personas de 15 años y más (6,7%) que no saben leer ni escribir. La problemática del analfabetismo cobra mayor relevancia aún al observar que desde el año 2015 la misma ha venido en aumento.

Situaciones de inequidad y desigualdad se observan cuando uno mira el fenómeno del analfabetismo. En el gráfico 1 se evidencia que es mayor el número de mujeres analfabetas (7,3%) frente a los hombres (6,2%); y que este analfabetismo femenino supera también al promedio país (EPH, 2019).

Gráfico 1: Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más, según sexo.

En cuanto al nivel socioeconómico de las familias, en aquellos hogares que se encuentran en situación de extrema pobreza, un 15,1% de la población es analfabeta; mientras que para la población en pobreza no extrema, el porcentaje llega a 12,7%, cifras que superan doblemente al promedio país de 6,7% (EPH, 2019).

Gráfico 2: Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más, según condición de pobreza

 

Lamentablemente, la evidencia disponible es robusta en determinar que el peso de los antecedentes socioeconómicos sigue siendo mayor al de la escuela. El paso por la escuela de niños, niñas y jóvenes, especialmente de aquellos más pobres y vulnerables, no logra constituirse en una experiencia formativa que les asegure una mejor calidad de vida, participación e inclusión igualitaria en la sociedad (Murillo y Román, 2011, citado por Zarza, Briet, Gaona y Barrios, 2013).

El área de residencia es también un factor que muestra las inequidades para la población analfabeta, donde se visualiza que existe mayor analfabetismo en zona rural, siendo la brecha de 7 puntos porcentuales en comparación con la zona urbana.

Gráfico 3: Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más, según área de residencia

El analfabetismo en zonas rurales, quizás no solo tenga que ser observado desde una cuestión geográfica, sino que el idioma utilizado mayormente en el hogar, podría constituirse en un elemento clave. Los datos de la EPH (2019) indican que 12,9% de las personas que hablan guaraní la mayor parte del tiempo en sus casas son analfabetas; 2,8% para las personas que hablan castellano y guaraní la mayor parte del tiempo en sus casas; 9,7% para los que hablan otro idioma; y 1,4% para los que hablan castellano.

Por último, el 33,4% de la población indígena es analfabeta, siendo nuevamente mayor el porcentaje de analfabetismo en la mujer, 40,9%, frente al hombre, 25,7% (EPH, 2017). El trabajo de alfabetización con esta población requiere considerar diversidad lingüística, la interculturalidad y la importancia de su participación activa en los procesos que se lleven adelante.

Ahora bien, si invertimos la lógica de análisis, la pregunta ¿Sabe leer y escribir? se toma en cuenta para indicar que el 93,2% de la población de 15 años y más está alfabetizada (DGEEC, EPH, 2019). Sin embargo, es importante comprender que este indicador toma en cuenta la autopercepción de las personas y no mide específicamente las competencias de las mismas en cuanto a sus habilidades para la lectura y la escritura (Zarza et al., 2013).

En este sentido, en el año 2007, el MEC firmó un acuerdo con la UNESCO para llevar adelante un estudio sobre alfabetismo, se conformaron los equipos técnicos para el diseño y desarrollo del mismo. En el año 2011, se implementó el Programa de Evaluación y Monitoreo de la Alfabetización (LAMP)[1], se aplicaron los instrumentos en campo, previa validación y trabajo de construcción de la muestra internacional y formación de aplicadores.

La encuesta LAMP adopta la definición a partir de la cual se concibe al alfabetismo como la habilidad de identificar, comprender, interpretar, crear, comunicar y calcular, utilizando materiales impresos y escritos asociados con diversos contextos. El alfabetismo involucra un continuo aprendizaje que habilita a las personas a alcanzar sus objetivos, desarrollar sus conocimientos y potencialidades, y participar plenamente en la comunidad y en la sociedad ampliada (Unesco, 2005 citado por Zarza et al., 2013).

Esta encuesta se desarrolló considerando tres dominios: prosa (textos continuos), documentos (textos discontinuos o esquemáticos), y uso de números, considerando tres niveles de logro, donde el 1 sería el nivel más bajo y el 3 el nivel más alto. La encuesta se realizó en idioma español, considerando el sistema educativo del país. 

Los datos del estudio arrojaron que tan solo el 20% de la población de 15 años y más se ubica en el nivel 3 en cuanto a compresión de textos continuos (prosa); el 22% se ubica en el dominio de textos discontinuos o esquemáticos (documentos) y el 34% en el uso de los números. Si nuevamente, este análisis se considera según el área de residencia y grupos de edad, se pueden identificar elementos diferenciadores por género y lugar geográfico (Zarza et al., 2013).

En cuanto a los dominios que refieren a la comprensión de textos (prosa y documentos), personas con edades avanzadas (40 a 64 años y 65 años y más) presentan mayores dificultades, siendo el porcentaje del nivel 3 muy bajo. Se observa además que esta situación es desigual para aquellos que se encuentran en zonas rurales, hecho que se visualiza en todos los grupos etarios. Por otra parte, si consideramos a la población de 25 a 39 años, como aquella con una fuerza laboral, se observa que tan solo el 18% (Gráfico 4) se encuentra en el dominio documentos y el 10% en el dominio prosa alcanza el nivel 3. (Gráfico 5).

Gráfico 4: Distribución de la población por niveles de desempeño y zona, según rango de edad – Dominio Documentos

Fuente: Elaboración propia en base a Informe Zarza et al., 2013

Gráfico 5: Distribución de la población por niveles de desempeño y zona, según rango de edad – Dominio Prosa

Fuente: Elaboración propia en base a Informe Zarza et al., 2013

En cuanto al uso de los números, la tendencia no varía mucho en relación a los dominios ya mencionados mas arriba, donde nuevamente se visualiza que el porcentaje para el nivel 3 (nivel más alto) es menor para los grupos etarios que se encuentran en la zona rural, siendo más notoria en este dominio al compararse con la zona urbana (Gráfico 6).

Gráfico 6: Distribución de la población por niveles de desempeño y zona, según rango de edad – Dominio Números

Fuente: Elaboración propia en base a Informe Zarza et al., 2013

En este estudio también se pudo evidenciar que uno de los factores que más influyen en la comprensión lectora y uso de números es el nivel de escolarización formal alcanzado por los individuos, donde se constata que a mayor nivel de escolarización, mayor es el porcentaje de personas que llegan al nivel 3 en los diferentes dominios, tal como se observa en la siguiente tabla (Zarza et al., 2013).

Tabla 1: Porcentaje de personas de 15 años y más, con nivel 3, según nivel educativo alcanzado

Fuente: Elaboración propia en base a Informe Zarza et al., 2013

Queda claro que lo que la gente «sabe» y lo «que hace con lo que sabe» es importante por sí mismo, pero además tiene un gran impacto en las oportunidades de las personas para su integración y participación en el mercado laboral, la educación, la capacitación, la vida social y cívica; todo ello contribuye a alcanzar otros objetivos colectivos vinculados con el desarrollo económico y social del país (Zarza et al., 2013).

En definitiva, el aumento del analfabetismo en Paraguay, desde el año 2015, es una situación que debe ser atendida, buscando estrategias acordes a una población que se encuentra en contextos de exclusión con problemáticas diversas a resolver, a la cual el Estado no ha podido atender de manera oportuna. Como ciudadanos debemos exigir nuestro derecho a aprender a leer y escribir, elementos que posibilitan una mejor inserción laboral y social.

El trabajo de educación con personas jóvenes y adultas, requiere comprender las realidades concretas en las que las poblaciones se desenvuelven, entendiendo que las personas que las conforman tienen diferentes formas de ser y de actuar; además de conocer los marcos legales, institucionales y políticas de acción; la importancia de poder articular con otras dependencias del MEC, con las organizaciones están trabajando con los diversos actores y las organizaciones locales propias que pudiesen existir. Considerar estos aspectos es fundamental para que una política pueda responder de manera efectiva a una realidad que se evidencia en el país (Política pública EPJA, 2012).

 

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Artículo elaborado por Andrea M. Wehrle Martinez para el Observatorio Educativo Ciudadano (2020)

Bibliografía

Dirección de Educación Permanente del Ministerio de Educación y Cultura. (2011). Ñamyendy tata. Encendemos fuego. Política Pública de Educación de Personas Jóvenes y Adultas 2011-2024. Asunción.

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). (2018). Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2017. Fernando de la Mora.

Zarza, D., Briet, N., Gaona, O., & Barrios Sosa, F. (2014). Evaluación y monitoreo del alfabetismo en Paraguay, algunos resultados del LAMP. Revista Paraguaya de Educación, Volumen 1, Número 4, 37-56.

[1] El Programa de Evaluación y Monitoreo de la Alfabetización (LAMP1) es un estudio internacional impulsado por el Instituto de Estadística de la Unesco (UIS), que propone la medición directa de los niveles de alfabetismo de la población de 15 años y más, en las áreas de lectura y manejo de números a través de la aplicación de pruebas a una persona seleccionada al azar en el hogar