"Nueva Educación y Democracia, ¿realidad o utopía?" es el título del influyente libro del Dr. Domingo Rivarola, publicado en el año 2000, que plantea interrogantes fundamentales sobre el papel de la educación en el desarrollo de las sociedades democráticas. 

Esta obra, cargada de reflexiones críticas, se convierte en un marco ideal para analizar la relevancia de la educación como servicio público esencial e imprescindible en Paraguay, y en especial a la luz del proyecto de Ley "De la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil", presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.  

Este proyecto busca "lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia en las instituciones públicas y promover el desarrollo de los servidores públicos", sin embargo, una de sus implicancias críticas es que degrada el estatus de la educación pública, removiéndola de la categoría de servicio esencial e imprescindible.

Hasta ahora, la educación, junto con la atención sanitaria y hospitalaria, el suministro de agua potable y energía, el transporte de pasajeros y las telecomunicaciones, se hallan reconocidas como servicios imprescindibles por la Ley N.° 1626 "De la Función Pública". 

Este reconocimiento normativo es más que un detalle técnico: es un mecanismo clave para garantizar la continuidad de estos servicios, incluso en contextos de crisis o conflicto, priorizando el bienestar colectivo.

Un servicio esencial, por definición, es aquel indispensable para el bienestar general de la población y el funcionamiento del Estado. En el caso de la educación, esto implica no solo la garantía de derechos básicos, sino también la promoción de un desarrollo humano y social sostenido.

La declaración de la educación como servicio esencial refuerza el compromiso del Estado de asegurar su continuidad sin interrupciones, reconociendo su estatus de derecho humano fundamental y su rol estratégico en el desarrollo social, económico y cultural del país. 

Este marco no solo asegura la estabilidad del sistema educativo, sino que también establece responsabilidades claras para todos los actores involucrados: administradores públicos, comunidades escolares y ciudadanos en general.

Eliminar su condición de servicio esencial tendría implicancias profundas en las políticas públicas. La educación pública quedaría expuesta a interrupciones que afectarían especialmente a las comunidades más vulnerables, ampliando brechas sociales existentes y debilitando los cimientos de un sistema educativo equitativo y de calidad. 

Esta desnaturalización del principio de esencialidad debilita el reconocimiento y subestima la importancia y rol estratégico de la educación pública como base para el desarrollo humano y social.

El Dr. Domingo Rivarola en su libro, destaca que "la educación es un medio imprescindible, pero no único ni determinante", subrayando la importancia de considerar la educación como parte de un enfoque integral, donde las transformaciones sociales requieren esfuerzos coordinados en múltiples frentes y ante ello, la necesidad de profundizar en la investigación, la discusión rigurosa, pluralista y el debate abierto sobre el tema educativo.

Mantener a la educación como un servicio público esencial e imprescindible no es solo una decisión técnica, sino un reconocimiento de su importancia como base del bienestar colectivo. Es admitir que el bienestar de la sociedad depende también de un sistema educativo robusto, continuo y accesible para todos. 

En este contexto, la pregunta que plantea el Dr. Domingo Rivarola en su obra adquiere una relevancia renovada: ¿es la educación una fuerza transformadora capaz de moldear sociedades más justas, o un ideal inalcanzable frente a los desafíos políticos y sociales?

La respuesta no solo reside en la continuidad de la educación como un servicio público esencial, sino también en nuestra capacidad como sociedad de priorizarla, protegerla y fortalecerla. Por ello, garantizar su continuidad, calidad y accesibilidad es, más que un deber, una responsabilidad compartida.