El intendente de Mayor Otaño, dos concejales y el presidente de la Seccional Colorada local, todos colorados cartistas, cometieron la necedad de querellar por calumnia y difamación al joven estudiante Nelson Maciel, quien, apoyado por compañeros, desde hace dos meses viene denunciando, en su carácter de presidente de un centro estudiantil, la presunta malversación de unos 3.000 millones de guaraníes provenientes del Fonacide. La Contraloría General de la República realizó una fiscalización especial inmediata del ejercicio 2017, y detectó quince graves irregularidades en el uso de fondos públicos. Es ejemplar que los estudiantes se hayan movilizado en defensa del dinero público y de su derecho a la educación. El valor cívico de estos jóvenes, de los concejales que les apoyan y de una parte de la población que también les acompaña, debe servir de aliento para que, también en otros puntos del país, el pueblo se vaya poniendo de pie allí donde su presente y su futuro estén siendo afectados por los corruptos de todo pelaje.
El intendente de Mayor Otaño, Pedro Chávez, los concejales Jorgelina Vera y Darío Saenger, así como el presidente de la seccional colorada local, Leonardo Sánchez –todos ellos colorados cartistas– cometieron la necedad de querellar por calumnia y difamación al joven estudiante Nelson Maciel, quien desde hace dos meses viene denunciando, en su carácter de presidente de un centro estudiantil, la presunta malversación de unos 3.000 millones de guaraníes provenientes del Fonacide. Gracias a la torpeza de quienes se creen afectados en su honor y reputación –en vez de ponerse a disposición de la Justicia–, la ciudadanía se enteró de que una fiscalización especial inmediata (FEI) del ejercicio fiscal 2017, realizada en agosto de este año por la Contraloría General de la República, detectó quince graves irregularidades en el uso de fondos públicos. Entre ellas figuran la compra de un inmueble sin título de propiedad (G. 100 millones), el pago sin documentos respaldatorios de combustibles y lubricantes (G. 585 millones), así como de construcciones (G. 184 millones), el pago de dinero de los royalties sin vinculación con gastos de capital (G. 329 millones), la administración municipal de fondos transferidos a comisiones vecinales y el mantenimiento de caminos no identificados, a cargo de una firma que declaró una dirección correspondiente a una heladería y librería.
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