El Ministerio de Educación adquirió las aulas prefabricadas por unos G. 15.000 millones a través de una licitación que no tuvo el control de Contrataciones Públicas (DNCP).
Aduciendo una situación de emergencia, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) realizó la adquisición de las aulas prefabricadas o aulas móviles mediante un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
La OEI tuvo a su cargo todo el proceso de licitación con el mismo método utilizado para las adquisiciones de bienes y servicios a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es decir, sin el control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que es el organismo de fiscalización de los procesos licitatorios con recursos públicos.
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